Inicio Internacional Ministro de Gobernación violó Código Electoral y Ley de Ética al usar recursos públicos para fines partidarios.

Ministro de Gobernación violó Código Electoral y Ley de Ética al usar recursos públicos para fines partidarios.

Por Redacción

A juicio de abogados, estas infracciones podrían desembocar en la remoción del referido ministro y todos los funcionarios involucrados en utilizar recursos públicos para promover fines partidarios.

El fin de semana, el ministro de Gobernación, Mario Durán, anunció su precandidatura para correr para la Alcaldía de San Salvador el próximo 28 de febrero de 2021. Esto lo hizo en medio de una entrega de una obra pública. Este anuncio, además, fue publicitado por las cuentas de la Secretaría de Comunicaciones y la Secretaría de Prensa de la Presidencia.

A juicio de abogados consultados por El Diario de Hoy, esto representa varias infracciones a la Constitución, el Código Electoral y la Ley de Ética Gubernamental. Asimismo, esto podría desembocar en la remoción del referido ministro y todos los funcionarios involucrados en utilizar recursos públicos para promover fines partidarios.

Los abogados Javier Castro, Marcela Galeas y Eduardo Escobar explicaron que estas acciones violan el artículo 184 del Código Electoral, el cual establece que “ningún funcionario o funcionaria, empleado o empleada público podrá prevalerse de su cargo para hacer política partidista”. El mismo código, en su artículo 226, añade que “la contravención a lo establecido en el artículo 184 (…) por parte de funcionarios (…), una vez comprobada la infracción y según la gravedad de esta y a juicio prudencial del tribunal, y por mayoría calificada, será sancionado con suspensión o destitución del cargo”.

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Además, añaden que riñe con la Ley de Ética Gubernamental, que en su artículo 5 literal A ordena destinar recursos públicos solo al cumplimiento de fines institucionales. Además, rompe lo dispuesto en el 218 de la Constitución, que establece que “los funcionarios y empleados públicos están al servicio del Estado y no de una fracción política determinada. No podrán prevalerse de sus cargos para hacer política partidista”.

Galeas, abogada penalista, ilustra que lo hecho por Durán es precisamente lo que el Código Electoral prohíbe, pues utilizaron recursos del estado para promover su imagen y “no separa intereses individuales de correr por este partido al servicio público que debe prestarse como funcionario”. También considera que es grave que el gobierno busque “de manera cínica y reiterada” buscar beneficios proselitistas.

Por ello, llama a una doble sanción del Tribunal Supremo Electoral y del Tribunal de Ética Gubernamental (TEG).
Eduardo Escobar, de Acción Ciudadana, reitera que esto viola las referidas leyes y la Constitución misma, pues “el ministro Durán anuncia (la precandidatura) en el contexto de una realización de una obra pública, y el secretario de Prensa de la presidencia (Ernesto Sanabria) se prevalece del control de las redes del gobierno para promocionar la candidatura de este funcionario. Se prevalecen ambos para hacer política partidaria”.

A juicio de Escobar esto también vulnera el principio constitucional de neutralidad y profesionalismo, pues el 218 de la carta magna sitúa a los funcionarios al servicio del estado y no de un bando determinado.

Pese a esta prohibición, considera que varios “funcionarios vieron como un trampolín político el cargo, utilizaron cargos no por capacidad y vocación de servicio o experticia sino como oportunidad de promocionarse de cara a la elección legislativa y municipal” de 2021.

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Castro, director de Estudios Legales de Fusades, recuerda que la Sala de lo Constitucional ya amplió, en el proceso 8-2014, esta prohibición y recordó que “los funcionarios públicos están para servir al país y no deben usar el ejercicio en la función pública para empujar sus proyectos políticos particulares”.

Asimismo, el jurista de Fusades añade que “no pueden utilizarse recursos estatales como plataformas o como mecanismo para anunciar o apoyar campañas electorales. En este aspecto es necesario que actúe la Corte de Cuentas”, la cual podría determinar en una auditoría que existe un uso inadecuado de los recursos públicos.

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